Monday, November 26, 2007

El Congreso cimenta su dictadura




No es exageración: las leyes y propuestas de leyes que urden los diputados son propias de una tiranía. Nuestra peor pesadilla, aquella que nos golpearía en caso de ganar López Obrador, la está haciendo realidad el Congreso. La tiranía de AMLO podía comenzar con, exactamente, lo que nos están cocinando los legisladores.

Luego de tomar el control del IFE, antes autónomo, ahora sujeto a rencores del Congreso, han decidido los partidos grandes, PRI, PAN y PRD, prohibir toda “propaganda política o electoral” que los denigre. Y poco importa si se habla con verdad. Si Arturo Montiel se lanza para otro cargo de elección, nadie podrá publicar el listado de sus mansiones en el mundo; si es Murat, nadie podrá recriminarle las atrocidades en Oaxaca; si es Ulises Ruiz, nadie podrá retomar las críticas que la APPO y el PRD han levantado en su contra. Si es Fox, será contra la ley esgrimir los juicios y demandas que hoy enfrenta. Y si es Ebrard, estará prohibido recordar que siguen impunes los linchamientos de Tláhuac, donde fueron quemados vivos dos jóvenes agentes investigadores debido a que mejor llegaron las cámaras de televisión que los policías con base a escasos cinco kilómetros. Eso es cuidarse las espaldas, señores. Unos a otros, porque todos se saben con pisables colas.

El ejemplo más escandaloso de las novedades legislativas es el sometimiento del árbitro al humor de los jugadores. Pero hay más: “Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular (artículo 41 de la Constitución)”, cita Jaime Sánchez Susarrey (Reforma, 24 de noviembre). Y comenta: “De ese modo, se ha cercenado el derecho de los ciudadanos a hacer política y participar en las contiendas electorales”.

Es la más perversa intervención contra la esencia de la democracia, que no es otra sino la participación ciudadana en todas y cada una de las etapas del proceso electoral, primero, y luego del gobierno. Y esto incluye “contratar propaganda para influir en las preferencias electorales”, y sin duda “a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.” Si no podemos hacer esto los ciudadanos, estamos ante una dictadura en donde, como en el virreinato, se nos ordena “callar y obedecer”.

Bien, pues no nos callemos ni obedezcamos. Desafiemos una ley anticonstitucional, contraria a los Derechos Humanos y a cuanta libertad ha acumulado Occidente en los últimos doscientos años. ¿El castigo es cerrar los medios que desobedezcan? Hagamos como Gandhi y desobedezcamos todos, todos sin excepción, para que saquen del aire a todos los canales de TV y a todas las radiodifusoras, que clausuren todos los diarios. Que nos encarcelen a todos por externar opiniones una vez que vuelvan ilegal apoyar un candidato o rechazar otro fuera de los tiempos oficiales.

Diego Petersen hizo la pregunta crucial el sábado aquí mismo; cuando los ciudadanos no podamos ya expresar en los medios nuestra opinión, “¿Quién va a corromper a los medios pagando tiempos de entrevistas? Los políticos y los candidatos. ¿Qué sanción se propone para ellos? Ninguna.” Y plantea una: retirarles el registro a los partidos culpables. A ver.

Dicho de otra forma, nuestros políticos están legislando contra cierto enemigo... que son ellos mismos. A los ciudadanos nos impiden manifestar nuestras ideas al respecto de candidatos y partidos, pero ellos, los primeros interesados en intervenir, quedan exentos de responsabilidad en caso de infringir las leyes de marras que ahora se encuentran pergeñando en total ignorancia de los más elementales derechos ciudadanos, como es el de expresión de las ideas, sean cuales fueren. Por eso admiran a Castro y a Hugo Chávez.

Los diputados remodelaron un nuevo IFE sin autonomía, sometido a las riendas de los partidos, y nos han amordazado con legislación electoral urdida con rencor y revancha. Los partidos le sirvieron todo el pastel... a los partidos, nueva iglesia sin la cual no hay salvación.

Esto era lo que nos temíamos de un gobierno encabezado por López Obrador, por eso muchos lo calificamos de “un peligro para México”. Pues resulta que se nos coló por la gran puerta del Congreso.

Luis González de Alba - 167

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Tuesday, November 20, 2007

Y en el Congreso del Estado de México...

Se regalan auto diputados del Edomex

La Cámara local se reserva el nombre de quienes han recibido el apoyo; hasta marzo han entregado $21 millones por este concepto
Por Enrique I. Gómez

Toluca, Estado de México (20 noviembre 2007).- No concursan en Boletazo, pero ser diputado mexiquense asegura ganar un auto.

Este año el Congreso local proporcionó a los 75 integrantes de la 56 legislatura un bono de hasta 260 mil pesos para comprar un vehículo, contenido en una partida considerada secreta.

Y eso no es todo, el bono es adicional al automóvil que la Legislatura local presta a los diputados durante los tres años de su gestión.

La legisladora del PVEM, Carla Grieger, informó que su bancada ya recibió el apoyo, que, dijo, será anual durante los tres años que estén en el cargo.

"Sí, cada año se nos va a dar (...). Es alrededor de 200 mil pesos más o menos, no es para la compra de un vehículo, pero es para el apoyo (...) si nos dan me imagino que es para nosotros", dijo Grieger.

De acuerdo con el Estado de Posición Financiera, la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso es quien maneja la partida 460530, denominada "Apoyo para Vehículo Diputados".

Aunque la partida ha existido desde la 54 Legislatura --hace al menos 7 años--, los diputados la han mantenido en secreto.

Mediante el acuerdo 03/07 del Comité de Información de la Cámara, fechado el 21 de mayo de este año, el Congreso mexiquense clasificó como información reservada el apoyo, argumentando los altos índices de delincuencia en el País.

El documento está firmado por Julio César Rodríguez, diputado del PAN, cuyo partido propuso la Ley de Transparencia vigente; el contralor Victorino Barrios; Adán Carbajal, secretario de Administración; Javier Domínguez, titular de Asuntos Parlamentarios; Octavio Mena, auditor del Órgano de Fiscalización, y Rosaura Salgado, entonces encargada de la Unidad de Información.

Los legisladores del PT, Armando Bautista; María Elena Pérez de Tejada, de Acción Nacional, y José Suárez, de Convergencia, también confirmaron haber recibido el bono.

La panista María Elena Pérez reconoció haber recibido 200 mil pesos, y aunque calificó de excesivo el apoyo, dijo que debe servir para el trabajo en las comunidades.

Reserva la Cámara información

El Congreso local decide mantener en reserva el expediente de apoyo para autos
Por Enrique I. Gómez

Toluca, Estado de México (20 noviembre 2007).- Por los altos índices de delincuencia que existen en el País, el Congreso mexiquense clasificó como información reservada el apoyo para compra de vehículos para diputados locales.

Mediante el acuerdo 03/07 del Comité de Información, fechado el 21 de mayo de este año, el Poder Legislativo califica como rutinarios a los hechos delictivos, por lo que decidió reservar la información apoyada en el Artículo 20 de la Ley de Transparencia estatal.

"Que debido a los elevados índices de delincuencia que existen en nuestro País; se han vuelto cotidianos los asaltos, secuestros, homicidios y todo tipo de delitos que sufre la ciudadanía", explica el documento.

Para dicho Comité las figuras públicas tienen mayor riesgo de ser víctimas del crimen organizado.

"En este sentido, se estima que difundir información relativa al apoyo a vehículos de diputados, es un potencial riesgo para su seguridad personal y familiar.

"El revelar esta información podría alertar a la delincuencia y le proporcionaría datos relativos de los vehículos en los que cotidianamente se desplazan", advierte.

El documento está firmado por Julio César Rodríguez, diputado del PAN, cuyo partido propuso la Ley de Transparencia vigente.

También por el contralor Victorino Barrios; Adán Carbajal, secretario de Administración; Javier Domínguez, titular de Asuntos Parlamentarios; Octavio Mena, auditor del Órgano de Fiscalización, y Rosaura Salgado, entonces encargada de la Unidad de Información.

La reserva de dicha información ocurrió porque el 18 de mayo, Antonio Hernández, servidor público habilitado de la Secretaría de Administración del Congreso, remitió a la Unidad de Información la solicitud para evitar que el apoyo para los vehículos de diputados se difundiera públicamente.

Aunque el Artículo 22 indica que la información clasificada como reservada, podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de 9 años, el acuerdo no precisa cuánto tiempo estarán ocultos los datos sobre el apoyo para vehículos de diputados.

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http://www.reforma.com/edomex/articulo/829218/
Fecha de publicación: 19-Nov-2007

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