Pidieron monitoreos, ahora páguenlos

Alguien le debería decir al Senado que lo barato sale caro y que se cometió un error muy grande al rechazar la ampliación de presupuesto que pidió el Instituto Federal Electoral para cumplir con sus nuevas obligaciones.

¿Por qué? Porque el IFE se las va a tener que ingeniar para medio sacar adelante su chamba con lo poco que le autorizaron y el resultado, obviamente, va a estar lleno de errores que posteriormente se van a prestar para desprestigiar todavía más a esa institución.

Por si usted no sabe nada de esto, déjeme lo pongo en antecedentes: El año pasado, con todo y que le tupieron, al IFE se le encomendaron nuevas funciones.

Una de ellas y tal vez la más delicada, es la de monitorear los medios electrónicos de comunicación para detectar qué partido está usando más minutos de los autorizados en los famosos tiempos oficiales que tanto se han discutido en tantas partes.

Deje usted que el IFE se vaya a transformar en una nueva inquisición dedicada a canalizar los rencores de nuestros políticos, monitorear los medios de comunicación no es cualquier cosa.

¿Por qué? Porque es una de las actividades más caras de la investigación, porque no cualquiera puede hacerla y porque un dato que se maneje mal podría ocasionar una catástrofe tremenda.

¿Por qué el monitoreo es caro? Usted nada más póngase a pensar en la cantidad de medios electrónicos que hay en todo nuestro país.

Únicamente para monitorear bien un solo canal se necesitan varios turnos de analistas, un listado de equipo monumental, una cuenta de electricidad supercostosa y un paquete de aparatos paralelos para respaldo y resguardo.

Y en México no sólo hay un canal de televisión o una estación de radio. Hay decenas.

Monitorear no es nada más aplastarse frente a una pantalla a matar el tiempo, es una profesión que requiere de bastante atención y cuidado en los detalles.

Cualquier distracción que se tenga puede echar a perder un dato, ya no se diga si a la hora de medir tiempos a alguien se le va un segundo de más o de menos, o si alguien considera que determinada mención es tiempo oficial, un anuncio disfrazado o libertad de expresión.

Por eso le digo que es una actividad que no cualquier puede realizar. Se necesita personal que maneje los mismos parámetros, que sepa reaccionar cuando sea necesario, que tenga criterio, que no esté ni a favor ni en contra de una persona o una agrupación.

La pura capacitación de este ejército nacional de analistas es una labor titánica.

¿Qué le trato de decir cuando le menciono eso de que cualquier error pudiera ocasionar una catástrofe tremenda?

Que si alguno de los mecanismos de monitoreo del IFE reporta algo que no sea cierto o que no se pueda comprobar reporte por reporte, testigo por testigo, se podría caer en situaciones que dañen a alguien, a algún partido o al mismísimo instituto.

En asuntos de investigación no se puede ni jugar ni experimentar, menos cuando de la información que se obtenga depende buena parte de la estabilidad política de nuestra nación.

El caso es que para hacer bien un monitoreo tan amplio, minucioso y profesional como el que ahora está obligado a hacer el IFE se necesita algo más que un grupo de 15 estudiantes de comunicación que estén haciendo su servicio social, se necesitan muchos recursos.

Lo chistoso de esta historia es que las autoridades que determinaron que el IFE tenía que monitorear medios jamás pensaron en que eso pudiera costar, mucho menos que eso pudiera costar una fortuna.

¿Y quién le va a dar ese dinero al IFE? Pues nosotros para que a partir de este año se diga que la democracia mexicana, que ya era particularmente cara a nivel mundial, aumentó todavía más de precio.

Aquí de lo que se trata ya no es de discutir si el IFE va a monitorear o no a los medios. Lo tiene que hacer. Es su nueva obligación. De lo que se trata es de cuestionar cómo lo va a hacer bien considerando que, en el último minuto, el Senado no autorizó el presupuesto que se le estaba solicitando.

En resumen, aquí se va a generar un nuevo escándalo con el tema de los monitoreos, porque no se van a hacer como se debiera y, ya ve, eso le pasa a nuestras autoridades por desconfiadas.

Tan fácil que hubiera sido hacer bien las cosas. ¿A poco no?

Álvaro Cueva - 19

Reforma Electoral

Balance final
Por Jaime Sánchez Susarrey

1. No hubo consenso. La reforma electoral se hizo con dedicatoria y falló. López Obrador ya descalificó a los nuevos integrantes del Consejo General del IFE. Sus ataques se dirigieron particularmente contra el consejero presidente. El rayito de esperanza puso en cuestión la honestidad y la imparcialidad de Leonardo Valdés. Fiel a su estilo falseó la información. Pero lo relevante no está ahí, sino en la descalificación tajante. Siguiendo esa línea, 43 diputados de la fracción del PRD votaron en contra del consejero presidente. Por eso los nuevos consejeros llegan con una espada de Damocles sobre su cabeza. Dentro de cuatro años se podría esgrimir contra ellos lo mismo que se dijo del anterior consejo. Los priistas señalaban que era imposible ir a la elección intermedia con un IFE que no gozara del aval de todas las fuerzas políticas. Ahora deberán tragarse sus palabras porque vamos hacia allá y en esas condiciones. Pero lo más importante: ¿qué van a decir en el 2012, en vísperas de los comicios presidenciales, sobre todo si AMLO figura como uno de los candidatos a la Presidencia?

2. El retroceso no termina ahí. Los peligros y las amenazas que enfrenta el IFE provienen también de la partidocracia. El Consejo General será fiscalizado por un contralor nombrado por mayoría compuesta (dos tercios) en la Cámara de Diputados. Sus funciones serán las de vigilar y sancionar a los funcionarios del instituto. Lo novedoso es que el contralor tendrá atribuciones de fiscal y juez al mismo tiempo. Sus sanciones se impondrán por faltas graves o por omisiones e incapacidad. Podrá incluso consignar el expediente ante la Cámara de Diputados para que ésta determine si procede la remoción de los ciudadanos consejeros. El mecanismo es evidentemente perverso. Su objetivo no puede ser más claro. A todos los consejeros les debe quedar claro que podrán ser removidos si actúan "indebidamente" o "lastiman" los intereses de la partidocracia. Con un agravante adicional: el consejero presidente se puede reelegir por un periodo adicional... siempre y cuando su actuación haya dejado satisfecha a la partidocracia. Mejor, imposible, ¿no es cierto?

3. La reforma atenta contra la libertad de expresión. El artículo 6 constitucional es muy claro: "La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público". Sin embargo, el artículo 41, recién reformado, prohíbe que los particulares (sean personas físicas o morales) contraten espacios en radio y televisión con el objetivo de influir en las preferencias electorales. La contradicción es flagrante. Se limita el derecho a la libertad de expresión en aras de un valor alterno: la equidad en la contienda electoral. Pero el contrasentido es manifiesto: la equidad en la contienda implica dotar de recursos monetarios y tiempos en los medios electrónicos a todos los partidos en función de su fuerza -tal como se establece en el Cofipe. No tiene por qué traducirse en un impedimento para que los ciudadanos individualmente u organizados externen sus ideas y manifiesten su adhesión o animadversión contra un partido o candidato. Por eso la Suprema Corte de Justicia deberá atraer el caso y pronunciarse sobre los amparos que se han solicitado.

4. La reforma atenta, también, contra el derecho a la información. El artículo 6 de la Constitución establece que "el derecho a la información será garantizado por el Estado". Pero la reforma electoral elevó a rango constitucional la prohibición de las campañas negativas. Esto significa que ningún candidato o partido podrá criticar o deslustrar a otro candidato, partido o institución durante los procesos electorales. Para justificar esta disposición el senador Beltrones escribió ufano que las campañas negativas no aportan nada a la contienda y alejan a los ciudadanos de las urnas. Nada, sin embargo, más falso. La política es lucha entre ideas, programas y hombres. Todo debate y confrontación implica crítica y ataque. Así sucede en todas las democracias del mundo. Pero además, los políticos están lejos de ser ángeles. Los ciudadanos tienen todo el derecho de saber qué hicieron bien y, sobre todo, qué hicieron mal. Por eso la disposición viola el derecho a la información que debe ser garantizado por el Estado. Y lo viola en uno de los momentos capitales de cualquier sistema democrático: el proceso de elección de los gobernantes. Lo acordado por la partidocracia suena más al pacto de silencio que se practica en las mafias. Nadie habla ni rompe el secreto so pena de atenerse a las consecuencias.

5. La reforma emitió una regulación excesiva y tortuosa sobre la presencia de los partidos, los candidatos y los gobernantes en los medios de comunicación electrónicos. Primera aberración: sólo el IFE podrá determinar los tiempos y los espacios que tendrán los partidos y los candidatos en las elecciones federales, pero también en las locales. De forma tal que los candidatos del PRI y el PRD a la alcaldía de Macuspana, en Tabasco, deberán pasar por la Ciudad de México para tener acceso a la radio y la televisión de su estado y municipio. Segunda aberración: será el IFE quien determine si los miles de spots que se transmitan por radio y televisión en el 2009 infringen la prohibición de hacer campañas negativas. Y el criterio para hacerlo será tan laxo como el que se establece en la Constitución: no se tiene el derecho de deslustrar (quitarle brillo a las ideas, argumentos o imagen) del adversario. Tercera aberración: la prohibición de que los gobernantes se anuncien en los medios electrónicos ha desatado ya una serie de artimañas (entrevistas a modo, telenovelas, etcétera) para saltarse esa disposición.

6. La reforma encapsula a los partidos pequeños. La regulación excesiva de los tiempos en los medios electrónicos los condena a una infancia eterna. Bajo esas condiciones no tendrán oportunidad de crecer ni de expandirse. La inequidad fue elevada en los hechos a rango constitucional.

7. El descrédito que todo esto ha arrojado sobre el IFE se puede sintetizar en tres datos: el 77 por ciento de los ciudadanos piensa que los nuevos consejeros fueron elegidos en función de intereses partidarios; el 82 por ciento considera que el IFE quedó como un órgano de los partidos y no como un órgano ciudadano; el 77 por ciento estima que en el 2009 se van a repetir los conflictos del 2006 (Milenio, 12/02/08).

Así que lo dicho: estamos ante una contrarreforma de gran calado.

El golpe del rencor y el miedo

Las prohibiciones abiertas y limitaciones disimuladas a la participación ciudadana en las elecciones ya están aquí, unas en el Artículo 41 de la Constitución, otras en los borradores de leyes secundarias que fraguan los legisladores: “En el último borrador del libro séptimo del Cofipe, donde se define el catálogo de sanciones, los legisladores definieron que los medios de comunicación que incumplan con las obligaciones establecidas para la prohibición de venta o donación de publicidad a partidos, candidatos o coaliciones, podrían incluso perder la concesión.” Nota de Liliana Padilla, MILENIO, 29 de noviembre.

Es el golpe que nos dan el rencor y el temor. Rencor de quienes perdieron la Presidencia, pero no sus poderes, salarios y prestaciones como diputados y senadores. Temor de los partidos políticos ante el inminente castigo económico por los más de 280 mil spots que el IFE les descubrió sin reportar, y cuyos costos, en el orden de los miles de millones de pesos, ocultaron a la autoridad electoral que por eso echan a la calle.

Con temor a las multas, los partidos se están diseñando un IFE bajo las riendas de un contralor servil al Congreso y levantan obstáculos a la participación de quien no se inscriba en sus filas. No podremos expresarnos en los medios ni siquiera pagando. El monopolio de los partidos será absoluto. Alardean que dejarán de gastar 3 mil millones de pesos en los medios de comunicación. Cierto, pero no se los han rebajado a sus jugosas partidas: ahora, sencillamente, tienes 3 mil millones extra para repartirse. ¿Y cómo justifican su monopolio sobre la opinión en tiempo de elecciones? Así: “No hay noticia de un campesino o un trabajador que haya ahorrado para comprar tiempo en radio o televisión, ni para pagar la publicación de una inserción en Reforma” (Jorge Alcocer, Reforma, 27 de noviembre). Pues aquí tienes uno, estimado Jorge: yo pagué unos 1500 pesos como aportación a la declaración que muchos ciudadanos firmamos en defensa de unas elecciones sin tacha que los malos perdedores han buscado desprestigiar. La inserción se publicó, precisamente, en Reforma.

Campesino por supuesto no soy, pero vivo del pago por mis trabajos en MILENIO y del aún más reducido por mis libros (abajo, en mi página electrónica, ya activada, se pueden consultar mis libros y hacerme ganar entre 10 y 15 pesos al comprar alguno). Verás Jorge, no tengo casa propia ni nada de lo que, con su amor por el pueblo, acumulan los dirigentes de partidos. Estos se han dado el monopolio de la opinión porque ¿saben ustedes?, los ciudadanos por ley somos iguales, pero nuestros políticos hacen suyo el lema de los animales que echan fuera a los humanos y dirigen la “Rebelión en la granja”, de Orwell: “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.” Quienes nos oponemos a las contrarreformas, ¿estamos por eso mandando “al diablo” los instituciones? Al contrario: estamos peleando contra quienes las arrebatan sin consulta alguna con sus electores. ¿Qué diputado se ha tomado la molestia de hacer un sondeo de opinión en su distrito? Ni le importa.

La trivialización que hace Alcocer (su sirvienta y su chofer como medidas del interés ciudadano en pagar un espacio para expresar su opinión en asuntos electorales) no está a la altura de su inteligencia (ni de la nuestra, sus lectores). Todos estamos interesados (o deberíamos estar) en influir en los procesos electorales. No sólo se expresa el Consejo Coordinador Empresarial, sino los sindicatos, los burócratas, las organizaciones de ambulantes y todo el corporativismo ex priista y ahora perredista. Dinero, mucho dinero del lado “proletario”. Antes creíamos que se debía promover la participación de la ciudadanía, con o sin partidos. Ya no, en adelante será tan ilegal como producir electricidad con un motorcito y venderla a los vecinos.

Suponer, como hace Jorge Alcocer, que somos “Gastón Billetes” los que podemos pagar desplegados para hacer oír nuestra opinión es, simplemente, una tontería y un disparate. Así como el CCE hizo publicidad contra un candidato, hubo también sindicatos, diarios completos y grupos de intelectuales que manifestaron su apoyo entusiasta por ese mismo candidato. Ya nadie podrá hacerlo, salvo los políticos inscritos en partidos, porque, va de nuevo, todos los ciudadanos somos iguales, pero hay ciudadanos más iguales que otros.

Ya está activada mi página http://www.luisgonzalezdealba.com/

Luis González de Alba - 643

El Congreso cimenta su dictadura

No es exageración: las leyes y propuestas de leyes que urden los diputados son propias de una tiranía. Nuestra peor pesadilla, aquella que nos golpearía en caso de ganar López Obrador, la está haciendo realidad el Congreso. La tiranía de AMLO podía comenzar con, exactamente, lo que nos están cocinando los legisladores.

Luego de tomar el control del IFE, antes autónomo, ahora sujeto a rencores del Congreso, han decidido los partidos grandes, PRI, PAN y PRD, prohibir toda “propaganda política o electoral” que los denigre. Y poco importa si se habla con verdad. Si Arturo Montiel se lanza para otro cargo de elección, nadie podrá publicar el listado de sus mansiones en el mundo; si es Murat, nadie podrá recriminarle las atrocidades en Oaxaca; si es Ulises Ruiz, nadie podrá retomar las críticas que la APPO y el PRD han levantado en su contra. Si es Fox, será contra la ley esgrimir los juicios y demandas que hoy enfrenta. Y si es Ebrard, estará prohibido recordar que siguen impunes los linchamientos de Tláhuac, donde fueron quemados vivos dos jóvenes agentes investigadores debido a que mejor llegaron las cámaras de televisión que los policías con base a escasos cinco kilómetros. Eso es cuidarse las espaldas, señores. Unos a otros, porque todos se saben con pisables colas.

El ejemplo más escandaloso de las novedades legislativas es el sometimiento del árbitro al humor de los jugadores. Pero hay más: “Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular (artículo 41 de la Constitución)”, cita Jaime Sánchez Susarrey (Reforma, 24 de noviembre). Y comenta: “De ese modo, se ha cercenado el derecho de los ciudadanos a hacer política y participar en las contiendas electorales”.

Es la más perversa intervención contra la esencia de la democracia, que no es otra sino la participación ciudadana en todas y cada una de las etapas del proceso electoral, primero, y luego del gobierno. Y esto incluye “contratar propaganda para influir en las preferencias electorales”, y sin duda “a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.” Si no podemos hacer esto los ciudadanos, estamos ante una dictadura en donde, como en el virreinato, se nos ordena “callar y obedecer”.

Bien, pues no nos callemos ni obedezcamos. Desafiemos una ley anticonstitucional, contraria a los Derechos Humanos y a cuanta libertad ha acumulado Occidente en los últimos doscientos años. ¿El castigo es cerrar los medios que desobedezcan? Hagamos como Gandhi y desobedezcamos todos, todos sin excepción, para que saquen del aire a todos los canales de TV y a todas las radiodifusoras, que clausuren todos los diarios. Que nos encarcelen a todos por externar opiniones una vez que vuelvan ilegal apoyar un candidato o rechazar otro fuera de los tiempos oficiales.

Diego Petersen hizo la pregunta crucial el sábado aquí mismo; cuando los ciudadanos no podamos ya expresar en los medios nuestra opinión, “¿Quién va a corromper a los medios pagando tiempos de entrevistas? Los políticos y los candidatos. ¿Qué sanción se propone para ellos? Ninguna.” Y plantea una: retirarles el registro a los partidos culpables. A ver.

Dicho de otra forma, nuestros políticos están legislando contra cierto enemigo... que son ellos mismos. A los ciudadanos nos impiden manifestar nuestras ideas al respecto de candidatos y partidos, pero ellos, los primeros interesados en intervenir, quedan exentos de responsabilidad en caso de infringir las leyes de marras que ahora se encuentran pergeñando en total ignorancia de los más elementales derechos ciudadanos, como es el de expresión de las ideas, sean cuales fueren. Por eso admiran a Castro y a Hugo Chávez.

Los diputados remodelaron un nuevo IFE sin autonomía, sometido a las riendas de los partidos, y nos han amordazado con legislación electoral urdida con rencor y revancha. Los partidos le sirvieron todo el pastel... a los partidos, nueva iglesia sin la cual no hay salvación.

Esto era lo que nos temíamos de un gobierno encabezado por López Obrador, por eso muchos lo calificamos de “un peligro para México”. Pues resulta que se nos coló por la gran puerta del Congreso.

Luis González de Alba - 167