La última insolencia de los diputadetes

Es verdaderamente escandalosa la imbecilidad de los diputados que no quieren ver el nombre de Octavio Paz esculpido en los muros de esa Cámara que tanto han desprestigiado. ¿De dónde ha salido esta gente, por Dios? Gruñen, en su rudimentaria jerigonza, que un intelectual tan distinguido carece de un “perfil heroico”. Qué disparate. Por lo visto, la consagración de los “héroes”, vengan de donde vengan, les sigue pareciendo un trámite preceptivo aun en estos tiempos de sosegada transición democrática cuando las diferencias no se solventan ya a navajazos sino en las urnas (por más que el candidato perdedor quiera remedar escenas de levantamientos populares y algaradas).

Pero, ¿quién puede ser un héroe, en la actualidad y, sobre todo, qué necesidad tenemos de actos heroicos a excepción de los que puedan ocurrir en un incendio, un terremoto, un tsunami o una guerra, eventos todos ellos excepcionales de necesidad? ¿No debieran ser diferentes los merecimientos de nuestros prohombres ahora que la democracia liberal se ha vuelto la primera pretensión de las sociedades que aspiran a la modernidad? ¿Hay lugar para personajes de horca y cuchillo cuando la primera asignatura pendiente de la nación es la instauración de un auténtico Estado de derecho? En cuanto a los posibles “perfiles” de los potenciales homenajeados ¿no caben los hombres de letras, los pensadores, los artistas insignes, los humanistas, los filósofos y los científicos? Albert Einstein, de haber sido mexicano ¿hubiera recibido también el veto de estos politicastros mentecatos?

La complaciente estulticia de los diputadetes, sin embargo, refleja fielmente su concepción de un país necesitado de caudillos y paladines para construir su propia identidad. En esta visión no entran otros que los “heroicos” porque —al contrario de esa letra del Himno Nacional, anacrónica de necesidad, que se conserva como una reliquia histórica— para cierta parte de la sociedad mexicana —la que vive de los dogmas y principios tan manoseados por el antiguo régimen —el pasado es una experiencia obligadamente cotidiana.

El persistente mito del “héroe” —que, en su manifestación más chabacana se ha expresado en las estatuas ecuestres de López Portillo y otras exhibiciones esperpénticas de un culto a la personalidad elevado a la categoría de deporte nacional— no tendría ya vigencia en un entorno de globalización, predominancia tecnológica, fortaleza institucional, civilidad, tolerancia y alternancia democrática pero, en nuestra cultura, la nostalgia de la figura providencial sigue siendo una realidad. De otra manera no te explicas la lista de requerimientos de la turba legislativa de turno que, luego de que le hubiera germinado en la cabecita la ocurrencia de honrar a unos de los mexicanos más excepcionales del siglo XX, le exige ahora cumplir con la condición de “héroe” —¡madre mía!— en vez de reconocer los alcances de su inteligencia, la importancia fundamental de su obra y la trascendencia de su pensamiento.

Octavio Paz recibió el Premio Nobel de Literatura y el Premio Príncipe de Asturias sin haber rescatado a nadie en una trinchera, sin haberse lanzado a las llamas cuando se quemaba la Cineteca Nacional y sin haber sido asesinado por el heredero directo de alguno de los próceres oficializados de la Revolución Mexicana (con mayúsculas). Es un hombre cuya figura no necesita ser justipreciada en manera alguna por los vividores de nuestra insolente partidocracia, esos parásitos ineptos, mezquinos, desvergonzados y pretensiosos que mantenemos con nuestros impuestos y que, a no ser que los ciudadanos inscribamos sus oscuros nombres en un Muro Nacional de la Ignominia, no se enterarán nunca de su intrínseca insignificancia, más allá de su monumental estupidez. Shame on you, como se dice en la lengua de Shakespeare.

Román Revueltas Retes - 644

Reforma Electoral

Balance final
Por Jaime Sánchez Susarrey

1. No hubo consenso. La reforma electoral se hizo con dedicatoria y falló. López Obrador ya descalificó a los nuevos integrantes del Consejo General del IFE. Sus ataques se dirigieron particularmente contra el consejero presidente. El rayito de esperanza puso en cuestión la honestidad y la imparcialidad de Leonardo Valdés. Fiel a su estilo falseó la información. Pero lo relevante no está ahí, sino en la descalificación tajante. Siguiendo esa línea, 43 diputados de la fracción del PRD votaron en contra del consejero presidente. Por eso los nuevos consejeros llegan con una espada de Damocles sobre su cabeza. Dentro de cuatro años se podría esgrimir contra ellos lo mismo que se dijo del anterior consejo. Los priistas señalaban que era imposible ir a la elección intermedia con un IFE que no gozara del aval de todas las fuerzas políticas. Ahora deberán tragarse sus palabras porque vamos hacia allá y en esas condiciones. Pero lo más importante: ¿qué van a decir en el 2012, en vísperas de los comicios presidenciales, sobre todo si AMLO figura como uno de los candidatos a la Presidencia?

2. El retroceso no termina ahí. Los peligros y las amenazas que enfrenta el IFE provienen también de la partidocracia. El Consejo General será fiscalizado por un contralor nombrado por mayoría compuesta (dos tercios) en la Cámara de Diputados. Sus funciones serán las de vigilar y sancionar a los funcionarios del instituto. Lo novedoso es que el contralor tendrá atribuciones de fiscal y juez al mismo tiempo. Sus sanciones se impondrán por faltas graves o por omisiones e incapacidad. Podrá incluso consignar el expediente ante la Cámara de Diputados para que ésta determine si procede la remoción de los ciudadanos consejeros. El mecanismo es evidentemente perverso. Su objetivo no puede ser más claro. A todos los consejeros les debe quedar claro que podrán ser removidos si actúan "indebidamente" o "lastiman" los intereses de la partidocracia. Con un agravante adicional: el consejero presidente se puede reelegir por un periodo adicional... siempre y cuando su actuación haya dejado satisfecha a la partidocracia. Mejor, imposible, ¿no es cierto?

3. La reforma atenta contra la libertad de expresión. El artículo 6 constitucional es muy claro: "La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público". Sin embargo, el artículo 41, recién reformado, prohíbe que los particulares (sean personas físicas o morales) contraten espacios en radio y televisión con el objetivo de influir en las preferencias electorales. La contradicción es flagrante. Se limita el derecho a la libertad de expresión en aras de un valor alterno: la equidad en la contienda electoral. Pero el contrasentido es manifiesto: la equidad en la contienda implica dotar de recursos monetarios y tiempos en los medios electrónicos a todos los partidos en función de su fuerza -tal como se establece en el Cofipe. No tiene por qué traducirse en un impedimento para que los ciudadanos individualmente u organizados externen sus ideas y manifiesten su adhesión o animadversión contra un partido o candidato. Por eso la Suprema Corte de Justicia deberá atraer el caso y pronunciarse sobre los amparos que se han solicitado.

4. La reforma atenta, también, contra el derecho a la información. El artículo 6 de la Constitución establece que "el derecho a la información será garantizado por el Estado". Pero la reforma electoral elevó a rango constitucional la prohibición de las campañas negativas. Esto significa que ningún candidato o partido podrá criticar o deslustrar a otro candidato, partido o institución durante los procesos electorales. Para justificar esta disposición el senador Beltrones escribió ufano que las campañas negativas no aportan nada a la contienda y alejan a los ciudadanos de las urnas. Nada, sin embargo, más falso. La política es lucha entre ideas, programas y hombres. Todo debate y confrontación implica crítica y ataque. Así sucede en todas las democracias del mundo. Pero además, los políticos están lejos de ser ángeles. Los ciudadanos tienen todo el derecho de saber qué hicieron bien y, sobre todo, qué hicieron mal. Por eso la disposición viola el derecho a la información que debe ser garantizado por el Estado. Y lo viola en uno de los momentos capitales de cualquier sistema democrático: el proceso de elección de los gobernantes. Lo acordado por la partidocracia suena más al pacto de silencio que se practica en las mafias. Nadie habla ni rompe el secreto so pena de atenerse a las consecuencias.

5. La reforma emitió una regulación excesiva y tortuosa sobre la presencia de los partidos, los candidatos y los gobernantes en los medios de comunicación electrónicos. Primera aberración: sólo el IFE podrá determinar los tiempos y los espacios que tendrán los partidos y los candidatos en las elecciones federales, pero también en las locales. De forma tal que los candidatos del PRI y el PRD a la alcaldía de Macuspana, en Tabasco, deberán pasar por la Ciudad de México para tener acceso a la radio y la televisión de su estado y municipio. Segunda aberración: será el IFE quien determine si los miles de spots que se transmitan por radio y televisión en el 2009 infringen la prohibición de hacer campañas negativas. Y el criterio para hacerlo será tan laxo como el que se establece en la Constitución: no se tiene el derecho de deslustrar (quitarle brillo a las ideas, argumentos o imagen) del adversario. Tercera aberración: la prohibición de que los gobernantes se anuncien en los medios electrónicos ha desatado ya una serie de artimañas (entrevistas a modo, telenovelas, etcétera) para saltarse esa disposición.

6. La reforma encapsula a los partidos pequeños. La regulación excesiva de los tiempos en los medios electrónicos los condena a una infancia eterna. Bajo esas condiciones no tendrán oportunidad de crecer ni de expandirse. La inequidad fue elevada en los hechos a rango constitucional.

7. El descrédito que todo esto ha arrojado sobre el IFE se puede sintetizar en tres datos: el 77 por ciento de los ciudadanos piensa que los nuevos consejeros fueron elegidos en función de intereses partidarios; el 82 por ciento considera que el IFE quedó como un órgano de los partidos y no como un órgano ciudadano; el 77 por ciento estima que en el 2009 se van a repetir los conflictos del 2006 (Milenio, 12/02/08).

Así que lo dicho: estamos ante una contrarreforma de gran calado.

El golpe del rencor y el miedo

Las prohibiciones abiertas y limitaciones disimuladas a la participación ciudadana en las elecciones ya están aquí, unas en el Artículo 41 de la Constitución, otras en los borradores de leyes secundarias que fraguan los legisladores: “En el último borrador del libro séptimo del Cofipe, donde se define el catálogo de sanciones, los legisladores definieron que los medios de comunicación que incumplan con las obligaciones establecidas para la prohibición de venta o donación de publicidad a partidos, candidatos o coaliciones, podrían incluso perder la concesión.” Nota de Liliana Padilla, MILENIO, 29 de noviembre.

Es el golpe que nos dan el rencor y el temor. Rencor de quienes perdieron la Presidencia, pero no sus poderes, salarios y prestaciones como diputados y senadores. Temor de los partidos políticos ante el inminente castigo económico por los más de 280 mil spots que el IFE les descubrió sin reportar, y cuyos costos, en el orden de los miles de millones de pesos, ocultaron a la autoridad electoral que por eso echan a la calle.

Con temor a las multas, los partidos se están diseñando un IFE bajo las riendas de un contralor servil al Congreso y levantan obstáculos a la participación de quien no se inscriba en sus filas. No podremos expresarnos en los medios ni siquiera pagando. El monopolio de los partidos será absoluto. Alardean que dejarán de gastar 3 mil millones de pesos en los medios de comunicación. Cierto, pero no se los han rebajado a sus jugosas partidas: ahora, sencillamente, tienes 3 mil millones extra para repartirse. ¿Y cómo justifican su monopolio sobre la opinión en tiempo de elecciones? Así: “No hay noticia de un campesino o un trabajador que haya ahorrado para comprar tiempo en radio o televisión, ni para pagar la publicación de una inserción en Reforma” (Jorge Alcocer, Reforma, 27 de noviembre). Pues aquí tienes uno, estimado Jorge: yo pagué unos 1500 pesos como aportación a la declaración que muchos ciudadanos firmamos en defensa de unas elecciones sin tacha que los malos perdedores han buscado desprestigiar. La inserción se publicó, precisamente, en Reforma.

Campesino por supuesto no soy, pero vivo del pago por mis trabajos en MILENIO y del aún más reducido por mis libros (abajo, en mi página electrónica, ya activada, se pueden consultar mis libros y hacerme ganar entre 10 y 15 pesos al comprar alguno). Verás Jorge, no tengo casa propia ni nada de lo que, con su amor por el pueblo, acumulan los dirigentes de partidos. Estos se han dado el monopolio de la opinión porque ¿saben ustedes?, los ciudadanos por ley somos iguales, pero nuestros políticos hacen suyo el lema de los animales que echan fuera a los humanos y dirigen la “Rebelión en la granja”, de Orwell: “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.” Quienes nos oponemos a las contrarreformas, ¿estamos por eso mandando “al diablo” los instituciones? Al contrario: estamos peleando contra quienes las arrebatan sin consulta alguna con sus electores. ¿Qué diputado se ha tomado la molestia de hacer un sondeo de opinión en su distrito? Ni le importa.

La trivialización que hace Alcocer (su sirvienta y su chofer como medidas del interés ciudadano en pagar un espacio para expresar su opinión en asuntos electorales) no está a la altura de su inteligencia (ni de la nuestra, sus lectores). Todos estamos interesados (o deberíamos estar) en influir en los procesos electorales. No sólo se expresa el Consejo Coordinador Empresarial, sino los sindicatos, los burócratas, las organizaciones de ambulantes y todo el corporativismo ex priista y ahora perredista. Dinero, mucho dinero del lado “proletario”. Antes creíamos que se debía promover la participación de la ciudadanía, con o sin partidos. Ya no, en adelante será tan ilegal como producir electricidad con un motorcito y venderla a los vecinos.

Suponer, como hace Jorge Alcocer, que somos “Gastón Billetes” los que podemos pagar desplegados para hacer oír nuestra opinión es, simplemente, una tontería y un disparate. Así como el CCE hizo publicidad contra un candidato, hubo también sindicatos, diarios completos y grupos de intelectuales que manifestaron su apoyo entusiasta por ese mismo candidato. Ya nadie podrá hacerlo, salvo los políticos inscritos en partidos, porque, va de nuevo, todos los ciudadanos somos iguales, pero hay ciudadanos más iguales que otros.

Ya está activada mi página http://www.luisgonzalezdealba.com/

Luis González de Alba - 643