Reforma Electoral

Balance final
Por Jaime Sánchez Susarrey

1. No hubo consenso. La reforma electoral se hizo con dedicatoria y falló. López Obrador ya descalificó a los nuevos integrantes del Consejo General del IFE. Sus ataques se dirigieron particularmente contra el consejero presidente. El rayito de esperanza puso en cuestión la honestidad y la imparcialidad de Leonardo Valdés. Fiel a su estilo falseó la información. Pero lo relevante no está ahí, sino en la descalificación tajante. Siguiendo esa línea, 43 diputados de la fracción del PRD votaron en contra del consejero presidente. Por eso los nuevos consejeros llegan con una espada de Damocles sobre su cabeza. Dentro de cuatro años se podría esgrimir contra ellos lo mismo que se dijo del anterior consejo. Los priistas señalaban que era imposible ir a la elección intermedia con un IFE que no gozara del aval de todas las fuerzas políticas. Ahora deberán tragarse sus palabras porque vamos hacia allá y en esas condiciones. Pero lo más importante: ¿qué van a decir en el 2012, en vísperas de los comicios presidenciales, sobre todo si AMLO figura como uno de los candidatos a la Presidencia?

2. El retroceso no termina ahí. Los peligros y las amenazas que enfrenta el IFE provienen también de la partidocracia. El Consejo General será fiscalizado por un contralor nombrado por mayoría compuesta (dos tercios) en la Cámara de Diputados. Sus funciones serán las de vigilar y sancionar a los funcionarios del instituto. Lo novedoso es que el contralor tendrá atribuciones de fiscal y juez al mismo tiempo. Sus sanciones se impondrán por faltas graves o por omisiones e incapacidad. Podrá incluso consignar el expediente ante la Cámara de Diputados para que ésta determine si procede la remoción de los ciudadanos consejeros. El mecanismo es evidentemente perverso. Su objetivo no puede ser más claro. A todos los consejeros les debe quedar claro que podrán ser removidos si actúan "indebidamente" o "lastiman" los intereses de la partidocracia. Con un agravante adicional: el consejero presidente se puede reelegir por un periodo adicional... siempre y cuando su actuación haya dejado satisfecha a la partidocracia. Mejor, imposible, ¿no es cierto?

3. La reforma atenta contra la libertad de expresión. El artículo 6 constitucional es muy claro: "La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público". Sin embargo, el artículo 41, recién reformado, prohíbe que los particulares (sean personas físicas o morales) contraten espacios en radio y televisión con el objetivo de influir en las preferencias electorales. La contradicción es flagrante. Se limita el derecho a la libertad de expresión en aras de un valor alterno: la equidad en la contienda electoral. Pero el contrasentido es manifiesto: la equidad en la contienda implica dotar de recursos monetarios y tiempos en los medios electrónicos a todos los partidos en función de su fuerza -tal como se establece en el Cofipe. No tiene por qué traducirse en un impedimento para que los ciudadanos individualmente u organizados externen sus ideas y manifiesten su adhesión o animadversión contra un partido o candidato. Por eso la Suprema Corte de Justicia deberá atraer el caso y pronunciarse sobre los amparos que se han solicitado.

4. La reforma atenta, también, contra el derecho a la información. El artículo 6 de la Constitución establece que "el derecho a la información será garantizado por el Estado". Pero la reforma electoral elevó a rango constitucional la prohibición de las campañas negativas. Esto significa que ningún candidato o partido podrá criticar o deslustrar a otro candidato, partido o institución durante los procesos electorales. Para justificar esta disposición el senador Beltrones escribió ufano que las campañas negativas no aportan nada a la contienda y alejan a los ciudadanos de las urnas. Nada, sin embargo, más falso. La política es lucha entre ideas, programas y hombres. Todo debate y confrontación implica crítica y ataque. Así sucede en todas las democracias del mundo. Pero además, los políticos están lejos de ser ángeles. Los ciudadanos tienen todo el derecho de saber qué hicieron bien y, sobre todo, qué hicieron mal. Por eso la disposición viola el derecho a la información que debe ser garantizado por el Estado. Y lo viola en uno de los momentos capitales de cualquier sistema democrático: el proceso de elección de los gobernantes. Lo acordado por la partidocracia suena más al pacto de silencio que se practica en las mafias. Nadie habla ni rompe el secreto so pena de atenerse a las consecuencias.

5. La reforma emitió una regulación excesiva y tortuosa sobre la presencia de los partidos, los candidatos y los gobernantes en los medios de comunicación electrónicos. Primera aberración: sólo el IFE podrá determinar los tiempos y los espacios que tendrán los partidos y los candidatos en las elecciones federales, pero también en las locales. De forma tal que los candidatos del PRI y el PRD a la alcaldía de Macuspana, en Tabasco, deberán pasar por la Ciudad de México para tener acceso a la radio y la televisión de su estado y municipio. Segunda aberración: será el IFE quien determine si los miles de spots que se transmitan por radio y televisión en el 2009 infringen la prohibición de hacer campañas negativas. Y el criterio para hacerlo será tan laxo como el que se establece en la Constitución: no se tiene el derecho de deslustrar (quitarle brillo a las ideas, argumentos o imagen) del adversario. Tercera aberración: la prohibición de que los gobernantes se anuncien en los medios electrónicos ha desatado ya una serie de artimañas (entrevistas a modo, telenovelas, etcétera) para saltarse esa disposición.

6. La reforma encapsula a los partidos pequeños. La regulación excesiva de los tiempos en los medios electrónicos los condena a una infancia eterna. Bajo esas condiciones no tendrán oportunidad de crecer ni de expandirse. La inequidad fue elevada en los hechos a rango constitucional.

7. El descrédito que todo esto ha arrojado sobre el IFE se puede sintetizar en tres datos: el 77 por ciento de los ciudadanos piensa que los nuevos consejeros fueron elegidos en función de intereses partidarios; el 82 por ciento considera que el IFE quedó como un órgano de los partidos y no como un órgano ciudadano; el 77 por ciento estima que en el 2009 se van a repetir los conflictos del 2006 (Milenio, 12/02/08).

Así que lo dicho: estamos ante una contrarreforma de gran calado.