Una ley sin dientes
Atando cabos
Por: Denise Maerker
No tarda en salir un anuncio en la radio y en la televisión publicitando que, gracias a que "el Senado está trabajando…", los legisladores ya no litigarán más en contra del Estado, no incurrirán en conflicto de intereses ni en tráfico de influencias. Lo escucharemos día y noche, pero será tan falso como las campañas anteriores: a la famosa Patricia sí la volverán a golpear porque nadie va a detener al marido en virtud de alguna ley votada por el Senado y las penas más severas en contra del abuso infantil no pueden aún ser aplicadas porque la Cámara de Diputados ni siquiera la ha votado. Por eso hay que ser muy claros antes de que nos inunden con la publicidad: seguimos sin que nada nos garantice que los diputados y los senadores no dediquen su tiempo libre a actividades contrarias a su función y al interés general.
Efectivamente, el 11 de abril pasado los senadores votaron dos dictámenes que establecen, por un lado, las actividades incompatibles con la función de legislador (ser al mismo tiempo empleado de un ente público) y, por el otro, los casos en que los legisladores estarán impedidos de intervenir porque les signifiquen conflicto de interés directo (legislar contra el Estado), pero se les pasó especificar quién se va a encargar concretamente de asegurarse que cumplan con la nueva ley y cuáles van a ser las sanciones.
La conocida popularmente como iniciativa antiDiego tiene su origen en una serie de escándalos que se han dado en los últimos diez años. Andrés Manuel López Obrador, durante su gobierno en la Ciudad de México, denunció a los abogados que, decía, estaban deteniendo los juicios de recuperación de bienes del Gobierno de la capital y mencionó al entonces senador Fauzi Hamdan, por litigar a favor de la empresa Eumex, y a Miguel Alcántara Soria, por el caso del predio de la Mexicana en Santa Fe. También acusó públicamente y en varias ocasiones a Diego Fernández de Cevallos, aunque nunca especificó en qué caso concreto estaba interviniendo. Otro escándalo estalló cuando un tribunal condenó a la Secretaría de la Reforma Agraria a pagarle a los herederos de Gabriel Ramos Millán mil 214 millones de pesos por 33 hectáreas de un predio que fue expropiado por el gobierno en 1984, en Santa Úrsula Coapa. Los abogados que lograron esta sentencia fueron Diego Fernández de Cevallos y Antonio Lozano Gracia.
Otro caso famoso fue la multimillonaria devolución de impuestos a favor de la empresa Jugos del Valle, que también litigo Fernández de Cevallos y le costó al fisco mil 600 millones de pesos. A raíz de estos escándalos se empezó a discutir la posibilidad de votar una ley que definiera cuáles eran las actividades aceptables y las incompatibles con la función de legislador. Finalmente, el pasado 26 de octubre, un grupo de senadores panistas, entre ellos, Rubén Camarillo Ortega, Santiago Creel, Federico Döring, Ricardo García Cervantes y otros, presentaron una iniciativa sobre este tema en la que declaraban su "firme convicción de que legislar es una función que exige dedicación y esfuerzo de tiempo completo" y, en consecuencia, "resulta incompatible con el desempeño —de manera simultánea— de cualquier otro empleo, cargo o comisión público o privado". Proponían prohibir que los legisladores desempeñaran cualquier comisión, empleo o cargo en cualquier dependencia o entidad pública o privada pagada o incluso gratuitamente, so pena de perder su carácter de legisladores.
En el dictamen finalmente aprobado ya no se les prohíben los empleos o actividades privadas porque dicen que así se garantiza que los legisladores representen la pluralidad de la sociedad y, además y, sobre todo, por el carácter temporal de su calidad de legisladores, es decir, porque no se pueden reelegir y les parece preocupante o riesgoso desvincularse de sus profesiones durante tres años. ¡Una razón más para replantear el tema de la reelección inmediata de los legisladores! Pero lo más importante y grave es que, a diferencia de la propuesta que hacían los panistas en octubre y en la que designaban a la Comisión Jurisdiccional de cada Cámara como la encargada de "recibir, conocer, resolver y en su caso sancionar a los legisladores que realizaran actividades incompatibles con su función o incurrieran en los supuestos de conflicto de interés", el dictamen que finalmente votaron no le atribuye esas funciones a nadie. Ya no hay quien se encargue de vigilar el cumplimiento de la recién votada ley y mucho menos un procedimiento para denunciar a un posible infractor. Todo queda a la buena voluntad de los senadores y los diputados, que "tendrán la obligación de declararse impedidos para la discusión y votación en asuntos en los que tengan interés personal" y deberán avisarle a la Junta de Coordinación Política de la Cámara a la que pertenezcan. Eso es todo.
Benito Nacif, articulista de Excélsior y politólogo especialista en el Poder Legislativo, escribió aquí hace unos meses, con respecto a la propuesta inicial, diciendo que era tímida e invitaba a los senadores para que fueran más allá. Lejos de escucharlo, los senadores cuidaron meticulosamente sus intereses y votaron una vez más una ley que hace explícito un problema, le pone nombre, lo define bien, pero nada más.
Los senadores hicieron una ley muy cómoda y beneficiosa, pero para ellos.
Por: Denise Maerker
No tarda en salir un anuncio en la radio y en la televisión publicitando que, gracias a que "el Senado está trabajando…", los legisladores ya no litigarán más en contra del Estado, no incurrirán en conflicto de intereses ni en tráfico de influencias. Lo escucharemos día y noche, pero será tan falso como las campañas anteriores: a la famosa Patricia sí la volverán a golpear porque nadie va a detener al marido en virtud de alguna ley votada por el Senado y las penas más severas en contra del abuso infantil no pueden aún ser aplicadas porque la Cámara de Diputados ni siquiera la ha votado. Por eso hay que ser muy claros antes de que nos inunden con la publicidad: seguimos sin que nada nos garantice que los diputados y los senadores no dediquen su tiempo libre a actividades contrarias a su función y al interés general.
Efectivamente, el 11 de abril pasado los senadores votaron dos dictámenes que establecen, por un lado, las actividades incompatibles con la función de legislador (ser al mismo tiempo empleado de un ente público) y, por el otro, los casos en que los legisladores estarán impedidos de intervenir porque les signifiquen conflicto de interés directo (legislar contra el Estado), pero se les pasó especificar quién se va a encargar concretamente de asegurarse que cumplan con la nueva ley y cuáles van a ser las sanciones.
La conocida popularmente como iniciativa antiDiego tiene su origen en una serie de escándalos que se han dado en los últimos diez años. Andrés Manuel López Obrador, durante su gobierno en la Ciudad de México, denunció a los abogados que, decía, estaban deteniendo los juicios de recuperación de bienes del Gobierno de la capital y mencionó al entonces senador Fauzi Hamdan, por litigar a favor de la empresa Eumex, y a Miguel Alcántara Soria, por el caso del predio de la Mexicana en Santa Fe. También acusó públicamente y en varias ocasiones a Diego Fernández de Cevallos, aunque nunca especificó en qué caso concreto estaba interviniendo. Otro escándalo estalló cuando un tribunal condenó a la Secretaría de la Reforma Agraria a pagarle a los herederos de Gabriel Ramos Millán mil 214 millones de pesos por 33 hectáreas de un predio que fue expropiado por el gobierno en 1984, en Santa Úrsula Coapa. Los abogados que lograron esta sentencia fueron Diego Fernández de Cevallos y Antonio Lozano Gracia.
Otro caso famoso fue la multimillonaria devolución de impuestos a favor de la empresa Jugos del Valle, que también litigo Fernández de Cevallos y le costó al fisco mil 600 millones de pesos. A raíz de estos escándalos se empezó a discutir la posibilidad de votar una ley que definiera cuáles eran las actividades aceptables y las incompatibles con la función de legislador. Finalmente, el pasado 26 de octubre, un grupo de senadores panistas, entre ellos, Rubén Camarillo Ortega, Santiago Creel, Federico Döring, Ricardo García Cervantes y otros, presentaron una iniciativa sobre este tema en la que declaraban su "firme convicción de que legislar es una función que exige dedicación y esfuerzo de tiempo completo" y, en consecuencia, "resulta incompatible con el desempeño —de manera simultánea— de cualquier otro empleo, cargo o comisión público o privado". Proponían prohibir que los legisladores desempeñaran cualquier comisión, empleo o cargo en cualquier dependencia o entidad pública o privada pagada o incluso gratuitamente, so pena de perder su carácter de legisladores.
En el dictamen finalmente aprobado ya no se les prohíben los empleos o actividades privadas porque dicen que así se garantiza que los legisladores representen la pluralidad de la sociedad y, además y, sobre todo, por el carácter temporal de su calidad de legisladores, es decir, porque no se pueden reelegir y les parece preocupante o riesgoso desvincularse de sus profesiones durante tres años. ¡Una razón más para replantear el tema de la reelección inmediata de los legisladores! Pero lo más importante y grave es que, a diferencia de la propuesta que hacían los panistas en octubre y en la que designaban a la Comisión Jurisdiccional de cada Cámara como la encargada de "recibir, conocer, resolver y en su caso sancionar a los legisladores que realizaran actividades incompatibles con su función o incurrieran en los supuestos de conflicto de interés", el dictamen que finalmente votaron no le atribuye esas funciones a nadie. Ya no hay quien se encargue de vigilar el cumplimiento de la recién votada ley y mucho menos un procedimiento para denunciar a un posible infractor. Todo queda a la buena voluntad de los senadores y los diputados, que "tendrán la obligación de declararse impedidos para la discusión y votación en asuntos en los que tengan interés personal" y deberán avisarle a la Junta de Coordinación Política de la Cámara a la que pertenezcan. Eso es todo.
Benito Nacif, articulista de Excélsior y politólogo especialista en el Poder Legislativo, escribió aquí hace unos meses, con respecto a la propuesta inicial, diciendo que era tímida e invitaba a los senadores para que fueran más allá. Lejos de escucharlo, los senadores cuidaron meticulosamente sus intereses y votaron una vez más una ley que hace explícito un problema, le pone nombre, lo define bien, pero nada más.
Los senadores hicieron una ley muy cómoda y beneficiosa, pero para ellos.
posted by Noventaysiete @ 12:14 PM
0 comments
0 Comments:
Post a Comment
<< Home