La farsa de la ley chimuela
Serpientes y Escaleras
Salvador García Soto
El Universal
Miércoles 18 de abril de 2007
Erradicar el “business”, el tráfico de influencias y los conflictos de interés entre los congresistas mexicanos requiere mucho más que una ley “light” como la aprobada ayer en el Senado de la República. Lucrar con su investidura, aprovechar el cargo para “resolver” o “gestionar” asuntos de particulares, a cambio de sobornos económicos o de apoyos a sus carreras políticas, es una práctica común no sólo entre nuestros diputados y senadores de todos los colores y partidos, sino para muchos de ellos, está en su esencia, en la manera como conciben la “oportunidad” de llegar a una de las cámaras.
Claro que hay sus excepciones, pero en este tema, por desgracia, no muchos congresistas se salvan. Si no fuera así, no se entiende por qué la Ley de Incompatibilidad aprobada ayer fue cercenada, mutilada y cambiada en su propuesta original, que incluía un régimen de sanciones y mecanismos para castigar a legisladores que lucren con la representación popular, para dejarla en una ley desdentada, sin colmillos, sin sanciones claras y con una serie de generalidades y una redacción que puede ser buena en la letra, pero tan suave que no resolverá el problema ni cambiará toda una cultura para la clase política y parlamentaria en México.
Cosa curiosa, pero la iniciativa original, presentada por senadores del PAN como Santiago Creel y Ricardo García Cervantes, fue combatida por panistas. El senador Felipe González, el folclórico ex gobernador de Aguascalientes, quien durante su desempeño como subsecretario de Gobernación andaba armado y sin permiso oficial, fue el principal operador de los intereses que modificaron radicalmente el dictamen y eliminaron una propuesta para que órganos del Poder Legislativo investigaran y castigaran las denuncias de corrupción, tráfico de influencias o conflictos de intereses de los legisladores.
Es como si con migajas, con una ley suavecita, los congresistas quisieran convencer a una ciudadanía —que creen idiota— de que tienen toda la intención de reformarse y abandonar las prácticas ilegales. Ejemplos, casos y nombres abundan, y se dan lo mismo a nivel federal que en los congresos de los estados.
¿O ya se olvidó el caso en el que Diego Fernández de Cevallos, al mismo tiempo que presidía el Senado, litigaba con su despacho a favor de la familia Ramos Millán y contra el gobierno federal, y en el que obtuvo —quien sabe con qué artes— una millonaria indemnización de mil 200 millones de pesos por unos terrenos en Santa Úrsula, en el DF? Tras ese escándalo nació la iniciativa que ayer se aprobó, y a pesar de que oficialmente se informó, en febrero de 2005, que el monto de la indemnización se redujo por orden de la Corte a 199 millones, hay versiones que aseguran que gran parte del monto original de los mil 200 millones sí fue pagado por la SRA, entonces a cargo de Florencio Salazar Adame, a los clientes del jefe Diego.
Otra estampa imborrable del modus operandi de nuestros ilustres congresistas es aquella conversación grabada y difundida entre el actual coordinador de los diputados del PRI, Emilio Gamboa, y el desprestigiado empresario textilero Kamel Nacif.
(EG): Vamos a sacar la reforma del hipódromo, ya no del juego... del hipódromo
(KN): ¿ Para qué..?
(EG): Para hacer juego ahí, cabrón...
(KN): ¿Cómo? ... Bueno...
(EG): ¿Cómo lo ves?
(KN): No, no la chingues
(EG): Entonces lo que tú digas, cabrón, lo que tú digas, por ahí vamos, cabrón
(KN): No, dale pa' trás papá
(EG): Pues entonces va pa' tras, esa chingadera no pasa en el Senado, eh
(KN): A huevo!
(EG): Ok
(KN): Pues a huevo!
(EG): Te mando mi cariño
(KN): ¿Cuándo nos vemos?
(EG): Cuando quieras mi Kamelito
A eso añádale usted pasajes como el de los diputados y senadores que recibieron viajes y “apoyos” de las empresas tabacaleras para no aumentar impuestos al cigarro en la legislatura pasada, o el más reciente caso donde los diputados del PRI se negaron a aprobar una iniciativa que proponía prohibir la publicidad de la dañina comida chatarra en programas infantiles.
¿De veras creen que una simple y chimuela ley va a acabar con décadas de influyentismo y corrupción entre nuestros congresistas?
Salvador García Soto
El Universal
Miércoles 18 de abril de 2007
Erradicar el “business”, el tráfico de influencias y los conflictos de interés entre los congresistas mexicanos requiere mucho más que una ley “light” como la aprobada ayer en el Senado de la República. Lucrar con su investidura, aprovechar el cargo para “resolver” o “gestionar” asuntos de particulares, a cambio de sobornos económicos o de apoyos a sus carreras políticas, es una práctica común no sólo entre nuestros diputados y senadores de todos los colores y partidos, sino para muchos de ellos, está en su esencia, en la manera como conciben la “oportunidad” de llegar a una de las cámaras.
Claro que hay sus excepciones, pero en este tema, por desgracia, no muchos congresistas se salvan. Si no fuera así, no se entiende por qué la Ley de Incompatibilidad aprobada ayer fue cercenada, mutilada y cambiada en su propuesta original, que incluía un régimen de sanciones y mecanismos para castigar a legisladores que lucren con la representación popular, para dejarla en una ley desdentada, sin colmillos, sin sanciones claras y con una serie de generalidades y una redacción que puede ser buena en la letra, pero tan suave que no resolverá el problema ni cambiará toda una cultura para la clase política y parlamentaria en México.
Cosa curiosa, pero la iniciativa original, presentada por senadores del PAN como Santiago Creel y Ricardo García Cervantes, fue combatida por panistas. El senador Felipe González, el folclórico ex gobernador de Aguascalientes, quien durante su desempeño como subsecretario de Gobernación andaba armado y sin permiso oficial, fue el principal operador de los intereses que modificaron radicalmente el dictamen y eliminaron una propuesta para que órganos del Poder Legislativo investigaran y castigaran las denuncias de corrupción, tráfico de influencias o conflictos de intereses de los legisladores.
Es como si con migajas, con una ley suavecita, los congresistas quisieran convencer a una ciudadanía —que creen idiota— de que tienen toda la intención de reformarse y abandonar las prácticas ilegales. Ejemplos, casos y nombres abundan, y se dan lo mismo a nivel federal que en los congresos de los estados.
¿O ya se olvidó el caso en el que Diego Fernández de Cevallos, al mismo tiempo que presidía el Senado, litigaba con su despacho a favor de la familia Ramos Millán y contra el gobierno federal, y en el que obtuvo —quien sabe con qué artes— una millonaria indemnización de mil 200 millones de pesos por unos terrenos en Santa Úrsula, en el DF? Tras ese escándalo nació la iniciativa que ayer se aprobó, y a pesar de que oficialmente se informó, en febrero de 2005, que el monto de la indemnización se redujo por orden de la Corte a 199 millones, hay versiones que aseguran que gran parte del monto original de los mil 200 millones sí fue pagado por la SRA, entonces a cargo de Florencio Salazar Adame, a los clientes del jefe Diego.
Otra estampa imborrable del modus operandi de nuestros ilustres congresistas es aquella conversación grabada y difundida entre el actual coordinador de los diputados del PRI, Emilio Gamboa, y el desprestigiado empresario textilero Kamel Nacif.
(EG): Vamos a sacar la reforma del hipódromo, ya no del juego... del hipódromo
(KN): ¿ Para qué..?
(EG): Para hacer juego ahí, cabrón...
(KN): ¿Cómo? ... Bueno...
(EG): ¿Cómo lo ves?
(KN): No, no la chingues
(EG): Entonces lo que tú digas, cabrón, lo que tú digas, por ahí vamos, cabrón
(KN): No, dale pa' trás papá
(EG): Pues entonces va pa' tras, esa chingadera no pasa en el Senado, eh
(KN): A huevo!
(EG): Ok
(KN): Pues a huevo!
(EG): Te mando mi cariño
(KN): ¿Cuándo nos vemos?
(EG): Cuando quieras mi Kamelito
A eso añádale usted pasajes como el de los diputados y senadores que recibieron viajes y “apoyos” de las empresas tabacaleras para no aumentar impuestos al cigarro en la legislatura pasada, o el más reciente caso donde los diputados del PRI se negaron a aprobar una iniciativa que proponía prohibir la publicidad de la dañina comida chatarra en programas infantiles.
¿De veras creen que una simple y chimuela ley va a acabar con décadas de influyentismo y corrupción entre nuestros congresistas?
posted by Noventaysiete @ 12:12 PM
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