Monitor Legislativo

Monitor Legislativo.

Página web del proyecto de investigación del CIDE sobre el Congreso mexicano.
Contiene información general sobre la conformación, facultades y procesos que sigue el Poder Legislativo, así como indicadores de asistencia al pleno de diputados y senadores, tasas de éxito y rechazo de las iniciativas, transparencia y relaciones intercamerales, entre otros temas.

En línea: www.monitorlegislativo.org.

Una ley sin dientes

Atando cabos
Por: Denise Maerker


No tarda en salir un anuncio en la radio y en la televisión publicitando que, gracias a que "el Senado está trabajando…", los legisladores ya no litigarán más en contra del Estado, no incurrirán en conflicto de intereses ni en tráfico de influencias. Lo escucharemos día y noche, pero será tan falso como las campañas anteriores: a la famosa Patricia sí la volverán a golpear porque nadie va a detener al marido en virtud de alguna ley votada por el Senado y las penas más severas en contra del abuso infantil no pueden aún ser aplicadas porque la Cámara de Diputados ni siquiera la ha votado. Por eso hay que ser muy claros antes de que nos inunden con la publicidad: seguimos sin que nada nos garantice que los diputados y los senadores no dediquen su tiempo libre a actividades contrarias a su función y al interés general.

Efectivamente, el 11 de abril pasado los senadores votaron dos dictámenes que establecen, por un lado, las actividades incompatibles con la función de legislador (ser al mismo tiempo empleado de un ente público) y, por el otro, los casos en que los legisladores estarán impedidos de intervenir porque les signifiquen conflicto de interés directo (legislar contra el Estado), pero se les pasó especificar quién se va a encargar concretamente de asegurarse que cumplan con la nueva ley y cuáles van a ser las sanciones.

La conocida popularmente como iniciativa antiDiego tiene su origen en una serie de escándalos que se han dado en los últimos diez años. Andrés Manuel López Obrador, durante su gobierno en la Ciudad de México, denunció a los abogados que, decía, estaban deteniendo los juicios de recuperación de bienes del Gobierno de la capital y mencionó al entonces senador Fauzi Hamdan, por litigar a favor de la empresa Eumex, y a Miguel Alcántara Soria, por el caso del predio de la Mexicana en Santa Fe. También acusó públicamente y en varias ocasiones a Diego Fernández de Cevallos, aunque nunca especificó en qué caso concreto estaba interviniendo. Otro escándalo estalló cuando un tribunal condenó a la Secretaría de la Reforma Agraria a pagarle a los herederos de Gabriel Ramos Millán mil 214 millones de pesos por 33 hectáreas de un predio que fue expropiado por el gobierno en 1984, en Santa Úrsula Coapa. Los abogados que lograron esta sentencia fueron Diego Fernández de Cevallos y Antonio Lozano Gracia.

Otro caso famoso fue la multimillonaria devolución de impuestos a favor de la empresa Jugos del Valle, que también litigo Fernández de Cevallos y le costó al fisco mil 600 millones de pesos. A raíz de estos escándalos se empezó a discutir la posibilidad de votar una ley que definiera cuáles eran las actividades aceptables y las incompatibles con la función de legislador. Finalmente, el pasado 26 de octubre, un grupo de senadores panistas, entre ellos, Rubén Camarillo Ortega, Santiago Creel, Federico Döring, Ricardo García Cervantes y otros, presentaron una iniciativa sobre este tema en la que declaraban su "firme convicción de que legislar es una función que exige dedicación y esfuerzo de tiempo completo" y, en consecuencia, "resulta incompatible con el desempeño —de manera simultánea— de cualquier otro empleo, cargo o comisión público o privado". Proponían prohibir que los legisladores desempeñaran cualquier comisión, empleo o cargo en cualquier dependencia o entidad pública o privada pagada o incluso gratuitamente, so pena de perder su carácter de legisladores.

En el dictamen finalmente aprobado ya no se les prohíben los empleos o actividades privadas porque dicen que así se garantiza que los legisladores representen la pluralidad de la sociedad y, además y, sobre todo, por el carácter temporal de su calidad de legisladores, es decir, porque no se pueden reelegir y les parece preocupante o riesgoso desvincularse de sus profesiones durante tres años. ¡Una razón más para replantear el tema de la reelección inmediata de los legisladores! Pero lo más importante y grave es que, a diferencia de la propuesta que hacían los panistas en octubre y en la que designaban a la Comisión Jurisdiccional de cada Cámara como la encargada de "recibir, conocer, resolver y en su caso sancionar a los legisladores que realizaran actividades incompatibles con su función o incurrieran en los supuestos de conflicto de interés", el dictamen que finalmente votaron no le atribuye esas funciones a nadie. Ya no hay quien se encargue de vigilar el cumplimiento de la recién votada ley y mucho menos un procedimiento para denunciar a un posible infractor. Todo queda a la buena voluntad de los senadores y los diputados, que "tendrán la obligación de declararse impedidos para la discusión y votación en asuntos en los que tengan interés personal" y deberán avisarle a la Junta de Coordinación Política de la Cámara a la que pertenezcan. Eso es todo.

Benito Nacif, articulista de Excélsior y politólogo especialista en el Poder Legislativo, escribió aquí hace unos meses, con respecto a la propuesta inicial, diciendo que era tímida e invitaba a los senadores para que fueran más allá. Lejos de escucharlo, los senadores cuidaron meticulosamente sus intereses y votaron una vez más una ley que hace explícito un problema, le pone nombre, lo define bien, pero nada más.

Los senadores hicieron una ley muy cómoda y beneficiosa, pero para ellos.

La farsa de la ley chimuela

Serpientes y Escaleras
Salvador García Soto
El Universal

Miércoles 18 de abril de 2007

Erradicar el “business”, el tráfico de influencias y los conflictos de interés entre los congresistas mexicanos requiere mucho más que una ley “light” como la aprobada ayer en el Senado de la República. Lucrar con su investidura, aprovechar el cargo para “resolver” o “gestionar” asuntos de particulares, a cambio de sobornos económicos o de apoyos a sus carreras políticas, es una práctica común no sólo entre nuestros diputados y senadores de todos los colores y partidos, sino para muchos de ellos, está en su esencia, en la manera como conciben la “oportunidad” de llegar a una de las cámaras.

Claro que hay sus excepciones, pero en este tema, por desgracia, no muchos congresistas se salvan. Si no fuera así, no se entiende por qué la Ley de Incompatibilidad aprobada ayer fue cercenada, mutilada y cambiada en su propuesta original, que incluía un régimen de sanciones y mecanismos para castigar a legisladores que lucren con la representación popular, para dejarla en una ley desdentada, sin colmillos, sin sanciones claras y con una serie de generalidades y una redacción que puede ser buena en la letra, pero tan suave que no resolverá el problema ni cambiará toda una cultura para la clase política y parlamentaria en México.

Cosa curiosa, pero la iniciativa original, presentada por senadores del PAN como Santiago Creel y Ricardo García Cervantes, fue combatida por panistas. El senador Felipe González, el folclórico ex gobernador de Aguascalientes, quien durante su desempeño como subsecretario de Gobernación andaba armado y sin permiso oficial, fue el principal operador de los intereses que modificaron radicalmente el dictamen y eliminaron una propuesta para que órganos del Poder Legislativo investigaran y castigaran las denuncias de corrupción, tráfico de influencias o conflictos de intereses de los legisladores.

Es como si con migajas, con una ley suavecita, los congresistas quisieran convencer a una ciudadanía —que creen idiota— de que tienen toda la intención de reformarse y abandonar las prácticas ilegales. Ejemplos, casos y nombres abundan, y se dan lo mismo a nivel federal que en los congresos de los estados.

¿O ya se olvidó el caso en el que Diego Fernández de Cevallos, al mismo tiempo que presidía el Senado, litigaba con su despacho a favor de la familia Ramos Millán y contra el gobierno federal, y en el que obtuvo —quien sabe con qué artes— una millonaria indemnización de mil 200 millones de pesos por unos terrenos en Santa Úrsula, en el DF? Tras ese escándalo nació la iniciativa que ayer se aprobó, y a pesar de que oficialmente se informó, en febrero de 2005, que el monto de la indemnización se redujo por orden de la Corte a 199 millones, hay versiones que aseguran que gran parte del monto original de los mil 200 millones sí fue pagado por la SRA, entonces a cargo de Florencio Salazar Adame, a los clientes del jefe Diego.

Otra estampa imborrable del modus operandi de nuestros ilustres congresistas es aquella conversación grabada y difundida entre el actual coordinador de los diputados del PRI, Emilio Gamboa, y el desprestigiado empresario textilero Kamel Nacif.


(EG): Vamos a sacar la reforma del hipódromo, ya no del juego... del hipódromo

(KN): ¿ Para qué..?

(EG): Para hacer juego ahí, cabrón...

(KN): ¿Cómo? ... Bueno...

(EG): ¿Cómo lo ves?

(KN): No, no la chingues

(EG): Entonces lo que tú digas, cabrón, lo que tú digas, por ahí vamos, cabrón

(KN): No, dale pa' trás papá

(EG): Pues entonces va pa' tras, esa chingadera no pasa en el Senado, eh

(KN): A huevo!

(EG): Ok

(KN): Pues a huevo!

(EG): Te mando mi cariño

(KN): ¿Cuándo nos vemos?

(EG): Cuando quieras mi Kamelito


A eso añádale usted pasajes como el de los diputados y senadores que recibieron viajes y “apoyos” de las empresas tabacaleras para no aumentar impuestos al cigarro en la legislatura pasada, o el más reciente caso donde los diputados del PRI se negaron a aprobar una iniciativa que proponía prohibir la publicidad de la dañina comida chatarra en programas infantiles.

¿De veras creen que una simple y chimuela ley va a acabar con décadas de influyentismo y corrupción entre nuestros congresistas?

La semana que fue

Felipe Díaz Garza

De acuerdo con un reporte publicado en estos periódicos el 13 de abril, la Cámara de Diputados tiene un promedio de 13 trabajadores por cada uno de los 500 legisladores, lo que arroja un saldo de 6 mil 500 anotados en la nómina. No podemos llamarles trabajadores a todos porque, según reveló el 25 de marzo una investigación periodística anterior, hasta mil de esas personas son "aviadores", lo que quiere decir que cobran en la Cámara pero no trabajan en la Cámara, con un costo para el erario de 7.5 millones de pesos al mes o más.

Muchos de ellos son trabajadores sindicalizados, que al cambio de régimen son retirados de su trabajo pero no de la nómina, en la que permanecerán sin trabajar hasta la consumación de los trienios legislativos. Esto último además de millones de pesos en bonos, prestaciones extras y días económicos que reciben los empleados sindicalizados, que no necesariamente trabajadores, de los tampoco trabajadores diputados.

Otra revelación periodística de esta semana, publicada el 12 de abril, tiene que ver con los 7 millones 250 mil pesos que la honorable legislatura actual ha gastado en pasajes, muchos de ellos de primera clase, para 587 viajes de los diputados a destinos en América Latina, América del Norte, Europa, Asia y Africa. Destaca por su ingeniosa logística el viaje a París de 22 diputados de la Comisión de Hacienda.

Los comisionados viajaron a París a un encuentro sobre reforma fiscal con expertos de la OCDE, que se realizó del 24 al 29 de marzo, lo que permitió conectar su viaje, extendiendo el aterrizaje final, con la Semana Santa de principios de abril y, quizás adelantando el despegue inicial, con el asueto del natalicio de Juárez, celebrado ahora el 19 de marzo, aunque para no abusar demasiado, los viajeros partieron a la ciudad luz el 24 de marzo.

La información periodística también destaca que los 7 millones 250 mil pesos sólo reflejan el gasto en pasajes de los 587 viajes, pero la cifra de ninguna manera incluye lo pagado por los contribuyentes por hospedaje, alimentación y demás servicios de entretenimiento para los representantes populares.

Estas novedades en el gasto de los diputados en nuestra representación se sumaron a 350 millones de pesos que los coordinadores de los ocho partidos acreditados en la Cámara repartieron a los suyos a discreción, o sin la menor discreción, pues este periódico bien que se enteró. Los líderes del PRI y del PRD repartieron directamente a sus legisladores 49.4 y 65.9 millones de pesos respectivamente, para "apoyo directo", y compraron, entre otras cosas, automóviles y cajas de chocolates.

El líder legislativo panista, Héctor Larios, estaba antier muy enojado con los 30 "traidores" de su bancada que, vía memorando, le pidieron que regresara a la tesorería de la Cámara los 86 mil 900 pesos que, a cada uno de ellos y a todos sus compañeros diputados panistas "no traidores", les mandó depositar en sus cuentas personales, que se dice que provienen del gasto remanente de 2006. Lo de "traidores" es porque el memorando fue escrito prácticamente con copia a Reforma y como tal publicado, lo que encolerizó al repartidor líder panista, que ahora seguramente repartirá su venganza.

Quizás estos hallazgos periodísticos no serían tan relevantes si no se hubieran producido justamente la misma semana en que, el 11 de abril, la secretaria de Desarrollo Social, Beatriz Zavala, reconoció que al menos el 47 por ciento de todos los mexicanos vive en situación de pobreza. La funcionaria compareció ante las Comisiones de Desarrollo Social y de Desarrollo Urbano del Senado, ante las que detalló que 18.2 por ciento de la población vive en situación de pobreza lacerante, que es aquella en la que no se tiene acceso a alimentos indispensables para el crecimiento de las capacidades humanas.

La mitad de todos los mexicanos es pobre, y dos de cada cinco de esos pobres viven en condiciones infrahumanas. Eso sucede en el mismo país cuyos representantes populares, los diputados al Congreso de la Unión, se despachan con la cuchara grande viajes en primera clase, vacaciones en París, reparto de "utilidades", sueldos y prestaciones del primer mundo, burócratas de cuello blanco y servidumbre de librea y hasta burócratas y servidumbre que no emplean y que no sirven, pero a los que se les paga porque es una conquista sindical o porque son "cuadros del partido".

Aproximadamente 50 millones de mexicanos padecen pobreza; aproximadamente 20 millones de ellos padecen pobreza extrema, como le decíamos antes de Calderón a la pobreza infrahumana, mientras 500 zánganos que se dicen representantes de esos 50 millones de pobres los representan en el desquite, obteniendo para ellos nada más una redención que no extienden a sus representados, que se queda sólo en ellos, en sus manos bien cuidadas y en sus panzas aventureras. Cuando mucho extienden los beneficios de su representación a sus cómplices, los 5 mil 500 cómplices que trabajan y los mil que son sus aviadores en la Cámara.

Habrá cínicos que digan que se ataca la pobreza representativamente a través de los diputados y sus empleados pagados de más, de mucho más. Pero la equidad y la justicia distributiva no se alcanzan en la representatividad; el dispendio representativo sólo produce la iniquidad, la más perversa iniquidad, la iniquidad germinadora de revoluciones de la que esta semana dieron cuenta detallada estos periódicos.

Correo electrónico: diazgarza@gmail.com

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http://www.reforma.com/editoriales/nacional/758858/

Fecha de publicación: 14-Abr-2007

¿Así van a hacer la reforma fiscal?

Una veintena de legisladores de todos los partidos políticos, asesores y funcionarios del Poder Legislativo, pasó ocho días en la sede de la OCDE, en París, con un costo al erario aparentemente menor, de unos mil 500 dólares por persona (el organismo internacional pagó el avión y el hospedaje). Pero ¿qué cree usted? Los señores aprovecharon el viaje para quedarse en Europa con todo y sus familias.

Manuel Minjares, David Figueroa, Moisés Alcalde Virgen y Daniel Ludlow Kuri, del PAN, y Javier Guerrero y Jorge Estefan del PRI, llevaron a sus esposas a la Ciudad Luz, para después trasladarse a otros países europeos. A sus parejas se les vio en algunas cenas y salidas, y en los almuerzos. En el vacío quedará si el viaje de las acompañantes también se pagó con recursos públicos. ¿Servirán estos viajes para avanzar en la reforma fiscal? ¡Oh, la la !

Muy elegante debut de las pantallas de plasma —tipo aeropuerto— instaladas en la Cámara de Diputados. Usted conoció la noticia en este diario. Hoy los monitores están colocados en el Palacio Legislativo de San Lázaro y sirven para que los señores legisladores se enteren de los horarios de las reuniones de comisiones y, en general, de las actividades legislativas, para que organicen mejor sus agendas de trabajo.

Sin embargo, el estreno de la nueva era digital para los diputados no tuvo peor semana que la Santa, pues las televisiones lucen solitarias y sin contenidos. Todos andan de vacaciones…